Radiografía de un golpe de Estado fallido

La asonada golpista del 26 de junio en Bolivia, encabezada por el general Juan José Zúñiga, quien hasta 24 horas antes ostentaba el cargo de comandante del Ejército, sorprendió a todos los bolivianos. Mientras sucedían los hechos, el respaldo a la institucionalidad democrática fue unánime, pero duró poco. Ya en la noche de ese día la polarización se disparó. Un nuevo clivaje de guerra política apareció: golpe vs autogolpe.

El contexto

Es muy difícil entender que un hecho como el del 26 de junio pueda generar tantas dudas, pero si ha sido así es porque ocurrió en un contexto de alta complejidad política y económica. La pelea interna del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales y de Luis Arce, ha provocado una crisis política sostenida. Ni lo mejores o más malvados agoreros podrían imaginar a un MAS en la situación de hoy.

La pelea nace por la percepción de que Luis Arce no le da un lugar a Morales y a sus colaboradores más cercanos. El expresidente se sintió desplazado del gobierno y empezó a hacer cuestionamientos a los ministros de Arce y pedidos públicos para cambios en el gabinete. Por su lado, Arce, que hasta ese momento era sospechado de ser tan solo un títere de Evo, trató de definir su identidad política en torno a la renovación masista y respondió dándole a los ministros cuestionados respaldos absolutos, como prueba de fuerza e independencia frente a Morales. De ahí en adelante, las cosas no han hecho más que empeorar. En la Asamblea Legislativa se formaron dos alas dentro de la bancada masista: los asambleístas que responden a Arce y los que responden a Morales. Ambos grupos han echado mano de la oposición de derecha para lograr sus objetivos políticos, que normalmente son los que debilitan al otro bando. Al final, ha terminado imponiéndose la línea evista, que incluso le da líneas de acción a la oposición tradicional.

Esta situación le ha traído enormes dificultades de gestión a Luis Arce, sobre todo respecto a la aprobación de créditos que hoy tendrían que financiar la inversión pública.

El evismo se justifica acusando al arcismo de intentar vetar a Evo y sus aspiraciones como candidato a la presidencia en 2025. En Bolivia, el lawfare no es una práctica nueva. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido un fallo que inhabilita a Evo Morales para las próximas elecciones. Este fallo fue bien recibido por el arcismo y tiene respaldo también de la oposición tradicional, que si bien hoy sigue la línea política que da Morales en contra del gobierno, está cómoda con la no participación del expresidente en las próximas elecciones; la consideran “justicia histórica” contra Morales, que no respetó el voto popular en el pasado, lo que sirvió de móvil del golpe de Estado de 2019.

La crisis política actual está cruzada y potenciada por la crisis económica. En los últimos años, Bolivia pasó de recibir 6.000 millones de dólares por renta de hidrocarburos a recibir menos de 3.000 millones, lo que ha provocado una mayor dependencia de la importación de carburantes y, en consecuencia, una mayor necesidad de divisas para comprarlos.

Esta es una crisis estructural. La producción de hidrocarburos se ha reducido y no existen nuevos pozos u otras fuentes de ingresos importantes que puedan compensar la pérdida de ingresos. El gobierno de Arce acusa al gobierno de Morales de ser el responsable de la situación económica que vive el país, por no haber hecho planes de exploración hidrocarburífera.  

La situación ha provocado una falta aguda de dólares en el sistema financiero, lo que dificulta los procesos de importación y encarece los productos de consumo. Cada vez se le hace más difícil al gobierno pagar la importación de los carburantes. Esto provoca momentos de escasez, especialmente de diésel, una situación que genera malestar en varios sectores.

Vale la pena apuntar que las exportaciones (oro y agropecuarias) no están mal, pero no se encuentran en manos estatales sino privadas. Las empresas exportadoras, aunque producen su riqueza en Bolivia, no traen las utilidades de retorno al país.

Unas semanas antes de la asonada de Zúñiga, el transporte pesado se declaró en emergencia y amenazó con paro indefinido y bloqueo de carreteras. Pedía varias cosas: sobre todo, que se solucione el problema de escasez de diésel y que haya dólares en el mercado. Los comerciantes por cuenta propia, llamados en Bolivia “gremialistas”, también amenazaban con movilizarse por la falta de dólares.

Un día antes de la asonada, la empresa encuestadora Diagnosis publicaba que el presidente Luis Arce había caído de una popularidad del 42% a un 28% en los últimos seis meses. Otra encuestadora, la internacional Gallup, señaló que Arce tenía una aprobación del 18%, una de las más bajas de la región.  

Cronología de los hechos

El lunes 24 por la noche, el general Zuñiga hizo declaraciones políticas en contra de Evo Morales. Lo amenazó públicamente de “meterlo preso si la situación así lo amerita” y señaló enfáticamente que, por mandato constitucional, Morales no podía volver a ser candidato. Estas declaraciones se produjeron después de que este, en su programa dominical del 23 de junio, denunciara que Zúñiga tenía intenciones de acabar con su vida. Al día siguiente, el martes 25 de junio, el entonces comandante del Ejército fue convocado a Palacio de Gobierno, donde se le informó verbalmente su destitución por romper la prohibición militar de involucrarse en asuntos políticos.

El miércoles 26 de junio por la mañana, Zúñiga declaró ante dos medios de prensa que él se presentaría en su fuente de trabajo y no haría caso de la destitución. Por la tarde del mismo día, ingresó con tanqueta a la plaza Murillo e intentó ingresar al Palacio Quemado, donde se encontraba el presidente y todo su gabinete en su reunión semanal.

Las dos horas siguientes sucedieron varias cosas: la advertencia de un intento de golpe de Estado desde la cuenta X del expresidente Evo Morales (que horas después cambiaría de posición), la denuncia en la misma red social del presidente sobre “movimientos irregulares” de tanquetas en la plaza Murillo. La televisión mostró al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, junto a la tanqueta donde estaba Zúñiga, pidiéndole que salga de allí y detenga a sus tropas. También unas escuetas declaraciones de Zúñiga, que señaló que era hora de “restructurar la democracia”. Luego, dijo que quería liberar a los “presos políticos”, haciendo referencia a Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, ambos detenidos por el golpe de Estado de 2019. Al mismo tiempo, pidió salir del “engaño de los últimos 20 años”, en referencia a la etapa de gobiernos del MAS. En el momento más grave, una tanqueta derrumbó una de las puertas de Palacio Quemado, no se sabe con qué intención.

En una segunda declaración, Zúñiga señalaba que en pocas horas cambiaría de Gabinete y que, “por ahora”, seguía reconociendo a Arce como presidente.

A media tarde se dio un careo entre el alzado y Arce, que bajó a las puertas de Palacio. El general le preguntó: “¿Así se paga la lealtad?”. A gritos, Arce le instruyó replegarse. Zúñiga afirmó que no le haría caso.  

Poco después, el presidente posesionaba el nuevo mando militar. El nuevo comandante del Ejército, José Sánchez, instruyó a todos los efectivos militares que se dieron cita en el Palacio con trajes camuflados que se replegaran de inmediato. Fue obedecido.

Horas más tarde, se apresó al general Zúñiga. En ese momento señaló ante los medios que no había sido un intento de golpe de Estado sino más bien de una estrategia del presidente Luis Arce para mejorar su popularidad.

Días más tarde, la policía había arrestado a 25 personas, 23 militares y dos civiles. 12 de ellos guardan detención en distintos penales del país; 13 tienen detención domiciliaria.

“Autogolpe” vs “golpe”

La tesis del “autogolpe” fue cobrando mucha fuerza. No solo recibió el impulso del expresidente Morales. También la expresaron los líderes de oposición, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Sostuvieron que habían presenciado un “show político” con la finalidad de darle un respiro al gobierno de Arce.

Esta tesis genera muchas preguntas sin respuesta: ¿23 militares arriesgarían sus carreras y su libertad para lavarle la cara a Arce? No parece muy lógico. El general retirado Tomás Peña y Lillo se declaró en la clandestinidad, porque “no existen garantías judiciales” para que sea procesado. Relató que Zúñiga lo convocó a su despacho, le pidió el apoyo de los jubilados de las FFAA, le encargó llamar al interior del país, lo que hizo, pero solo recibió negativas. Peña y Lillo descartó que se haya tratado de un golpe de Estado, porque en el movimiento solo participaron dos batallones de soldados y una docena de carros de asalto.

Aun así, quedan varias preguntas por responder. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha señalado que tenía información de que estos hechos sucederían ya en mayo; entonces, ¿por qué no los informó a tiempo? Al día siguiente de la asonada, Arce señaló que los servicios de inteligencia respondían a Zúñiga y que por eso él no se supo nada previamente.

Por otro lado, la improvisación de los hechos fue tal que no deja de llamar la atención que algo tan mal pensado haya sucedido y nadie lo haya podido impedir.

Sin embargo, nada de lo anterior resta que se intentó en efecto un golpe de Estado (que los militares desconozcan el poder civil constituido no puede llamarse de otra manera. “No se puede banalizar el mal”, ha dicho el expresidente Álvaro García Linera distanciándose de los portavoces del “autogolpe”).

Las investigaciones revelan que Zúñiga había escrito un “discurso presidencial”, había convocado a quienes conformarían su “gabinete”, que mintió para sacar tanquetas de los distintos cuarteles del país y que todas se dirigían a La Paz. Se sabe también que Zúñiga estaba enojado por su destitución, lo que quizás lo llevó a apresurar sus planes y fueron los apuros los que, afortunadamente, causaron que cometiera muchos errores.

Además de las investigaciones que ya han iniciado desde el Ministerio Público y la Procuraduría del Estado, el presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, moduló su postura respecto a la de Morales y conformó una comisión multipartidaria para investigar la “verdad histórica de los hechos”.

¿Victoria para Luis Arce?

El rechazo generalizado de las primeras horas es una señal importante e indiscutible en contra de la intervención de los militares en política. El apoyo internacional fue muy importante.

A la vez, quedó claro que la sociedad boliviana no puede afrontar en consenso nuevas crisis políticas. La memoria de 2019 parece estar muy fresca todavía.

El otro lado de la moneda es que el Gobierno de Arce ha quedado con instituciones sumamente debilitadas, servicios de inteligencia inútiles, un Gabinete sin brillo, un modelo decisional que apuesta por la pausa crónica, lo que esta vez pudo costarle caro al Gobierno.

Los dos últimos años, la polarización política general de los bolivianos se ha trasladado a la interna del MAS. Una lucha interna que parece buscar solo una cosa: por el lado de Evo Morales, debilitar al Gobierno de Arce para lograr su candidatura en 2025. Por el lado de Luis Arce, evitar la candidatura de Morales. Ambos están enceguecidos por odios que ya se han vuelto personales. Esta situación sirve en bandeja a la oposición tradicional el destino del país y deja al movimiento social en indefensión.