Una jueza archiva la última causa abierta contra policías torturadores del franquismo, entre ellos Villarejo

La jueza Ana María Iguácel, del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, ha archivado la última causa que quedaba abierta contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros tres policías por las torturas cometidas en 1975 al militante antifranquista Julio Pacheco. La magistrada ha fundamentado su decisión en la prescripción de los delitos, conforme a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional —TC—.

En mayo de 2023, Iguácel aceptó la querella interpuesta por Pacheco, quien denunciaba las torturas sufridas tras su detención en agosto de 1975. Este proceso marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez que una víctima del franquismo testificaba ante un juez en España. No obstante, tras más de un año de instrucción, la jueza ha cerrado el caso siguiendo el auto 57/2024 del TC, que sostiene que la Ley de Memoria Democrática no permite investigar los crímenes franquistas al considerar que los hechos han prescrito.

El auto, redactado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, refuerza la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. A pesar de que la Ley de Memoria Democrática establece que la ley de amnistía debe interpretarse conforme al Derecho Internacional, que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Constitucional ha determinado que esta interpretación es errónea. Ante esta situación, Julio Pacheco y su abogado, Jacinto Lara, perteneciente a la plataforma CeAqua, han recurrido el archivo del caso.

Según fuentes de el Diario Público, en agosto de 1975, Pacheco, de 19 años, fue arrestado en su domicilio de Madrid por agentes de la Brigada de Investigación Social, la policía política de la dictadura de Franco. Fue trasladado a la Dirección General de Seguridad —DGS—, donde fue brutalmente torturado. Entre los responsables de las torturas, Pacheco logró identificar a Villarejo y a Billy el Niño, un conocido torturador del franquismo. Rosa García Alcón, compañera de Pacheco, también fue arrestada y torturada. Según su testimonio, fue trasladada a la DGS, donde vio a Pacheco esposado, descalzo y siendo arrastrado por los policías. Pacheco ha relatado en diversas ocasiones que intentaron doblegarlo haciéndole presenciar la tortura de su compañera, quien recibía golpes con una porra en las plantas de los pies.

El auto de sobreseimiento de la jueza también revela que Villarejo fue recompensado por su participación en la operación que desmanteló el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota —FRAP— en 1975, una organización a la que pertenecía Pacheco. A raíz de esa operación, tres de los detenidos fueron fusilados el 27 de septiembre de ese año. Por su implicación, Villarejo recibió una recompensa de 25.000 pesetas, una felicitación pública y fue propuesto para la cruz al mérito policial.

Este archivo judicial cierra, por el momento, uno de los últimos intentos de juzgar los crímenes del franquismo, reforzando los obstáculos legales que han garantizado la impunidad de los responsables de la represión en ese periodo.