La derogación de la Ley Mordaza

En marzo de 2015, la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy aprobaba definitivamente en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica 4/2015 "de protección de la seguridad ciudadana", más conocida como Ley Mordaza. En un contexto político en el que ya había aparecido Podemos y todavía se mantenía el fuerte ciclo de movilizaciones ciudadanas iniciado en torno al año 2011 como consecuencia de los brutales recortes implementados primero por el gobierno de Zapatero y después, todavía con mayor intensidad, por el gobierno de Rajoy, el PP decidió promulgar esta ley —que derogaba a la anterior del año 1992— con el objetivo evidente de restringir el derecho a la manifestación y aumentar en varios niveles las capacidades sancionatorias y represivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con una mano, el gobierno infligía violencia económica sobre la población y, con la otra, reprimía a la gente que protestaba por ello. Un editorial del New York Times de aquella época llegó a afirmar que "esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática".

Aunque en noviembre de ese mismo año 2015 y en plena campaña electoral de las primeras elecciones generales después de la irrupción de Podemos en las europeas de 2014 el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, prometió en una entrevista en televisión que derogaría la Ley Mordaza "nada más llegar al gobierno", lo cierto es que no lo hizo en 2018 —cuando accedió por primera vez a la presidencia después de la moción de censura—, tampoco en 2019 —cuando siguió gobernando en solitario el PSOE— y tuvimos que esperar hasta 2021 para que los socialistas decidieran descongelar la reforma en profundidad de la ley 4/2015 por las presiones de Unidas Podemos.

Después de largas negociaciones, sin embargo, el PSOE trabajó para hacer caer la derogación y contó con la asistencia de alguno de los elementos de Unidas Podemos que hoy se encuentran en Sumar. La clave de la historia en su desenlace final es que, después de haber pactado la modificación de decenas de artículos de la Ley Mordaza, aún quedaban pendientes al menos tres elementos que eran indispensables para conseguir el apoyo de ERC y Bildu y que Podemos también defendía que tenían que estar: la prohibición de la utilización de pelotas de goma contra manifestantes, la prohibición de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla y la eliminación de las sanciones por "falta de respeto a la autoridad" (para que el lector o lectora sepa de qué estamos hablando: la posibilidad de multar a una persona completamente pacífica porque "ha mirado mal a un agente"). El PSOE se opuso sistemáticamente a incluir estos tres cambios en la derogación y apostó por intentar doblar el brazo a ERC y Bildu mediante la presión mediática y la amenaza de culparlos por "haber mantenido la norma del PP". Podemos —que interlocutaba de forma fluida con catalanes y vascos— sabía perfectamente que éstos no iban a ceder y, además, defendió durante toda la legislatura formar un bloque con los independentistas de izquierdas para arrancar avances más ambiciosos al PSOE. Sin embargo, el negociador principal para esta ley no era una persona de Podemos sino el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que, a esas alturas de la legislatura, ya respondía a la disciplina de Yolanda Díaz. Así, Santiago, con el aval político de Díaz y a pesar de las advertencias de Podemos, decidió aceptar la estrategia del PSOE y forzar una votación. Como era de esperar, ERC y Bildu votaron en contra del texto final y la derogación de la Ley Mordaza decayó.

Santiago, con el aval político de Díaz y a pesar de las advertencias de Podemos, decidió aceptar la estrategia del PSOE y forzar una votación. Como era de esperar, ERC y Bildu votaron en contra del texto final y la derogación de la Ley Mordaza decayó

El asunto no ha vuelto a ser traído al primer plano por el gobierno hasta que, en los últimos días, el significante 'Ley Mordaza' ha aparecido de nuevo como parte del supuesto plan de "regeneración democrática" con el que Pedro Sánchez estaría contestando a "la máquina del fango" después de su reflexión de cinco días. Sumar había dicho varias veces que tenía interés en retomar la derogación de la Ley Mordaza y, de hecho, había vuelto a registrar en el Congreso el último texto al que se había llegado en la legislatura anterior —sin la prohibición de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente o las sanciones por faltas de respeto a la autoridad—. En este contexto, Yolanda Díaz anunciaba ayer por la mañana, desde Bruselas y por sorpresa, que había alcanzado un acuerdo con el PSOE para "derogar la Ley Mordaza" y así lo decía solemne y explícitamente en una comparecencia ante los medios de comunicación: "la Ley Mordaza va a ser derogada".

La regeneración democrática empieza con la derogación de la Ley Mordaza. pic.twitter.com/EW8vrTXQuI

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 16, 2024

En este punto, hay que hacer referencia a un tecnicismo. En rigor, la mayoría de las leyes en vigor no pueden ser completamente derogadas, entre otras cosas, porque eso dejaría o bien un vacío legal —si no hubiese una ley anterior— o bien la totalidad de la ley anterior a la ley derogada. Aunque esto es técnicamente correcto, en lenguaje político se entiende que una norma "es derogada" cuando se lleva a cabo una modificación profunda y de sus aspectos más significativos. En este sentido y a falta de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente y las faltas de respeto a la autoridad, el acuerdo alcanzado en la legislatura anterior modificaba 36 de los 54 artículos de la ley 4/2015. Es decir, reescribía la norma en su mayor parte y, por lo tanto, se hablaba con naturalidad en aquellos momentos de la "derogación de la Ley Mordaza". En este caso, sin embargo, el acuerdo alcanzado entre los de Díaz y los de Sánchez solamente atañe a la modificación de un único apartado de un único artículo: el 36.23 sobre la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que Sumar y el PSOE habrían acordado dejar intactos 53 de los 54 artículos de la Ley Mordaza —así como sus siete disposiciones adicionales— y solamente tocar una parte de uno de ellos.

Como es evidente y como han señalado la mayoría de los analistas políticos, hablar en este caso de "derogación de la Ley Mordaza" como ha hecho Yolanda Díaz es —siendo generosos— un patinazo derivado de las ansias de colgarse una medalla o —a lo mejor, incluso— un intento deliberado de engañar a la gente. El hecho se enmarca, además, en una dinámica cada vez más evidente según la cual el gobierno, al haber perdido la mayoría progresista el pasado 23J y tener que depender de los votos de las derechas vasca y catalana, recurre a los anuncios ambiguos y a otro tipo de tácticas para generar titulares mediáticos como sustituto de la aprobación de medidas reales. En la legislatura anterior, se aprobaron más de 200 leyes. En lo que llevamos de esta, apenas un puñado de textos no excesivamente significativos han podido ser aprobados por el gobierno.

Aunque este proceder pueda mantener a la coalición PSOE-Sumar en respiración asistida, es evidente que no sirve para resolver los problemas del país. En materia de libertades fundamentales hay demasiada normativa vigente que sitúa a España como una democracia limitada. Por supuesto, hay que "derogar la Ley Mordaza" —pero de verdad, sin mentir—, pero también hay que eliminar del código penal los delitos medievales de injurias a la corona u ofensa a los sentimientos religiosos, hay que prohibir que se pueda condenar a la gente simplemente con el testimonio de agentes de policía y sin ningún tipo de prueba —como ha ocurrido en el caso de los 6 de Zaragoza—, hay que proscribir de la práctica policial la infiltración en movimientos sociales pacíficos, y hay que reformar en profundidad la Ley de Secretos Oficiales que fue aprobada durante el franquismo, por citar tan solo las tareas pendientes más importantes.

Que todas estas prácticas y legislaciones represivas y antidemocráticas sigan en pie constituye una gravísima amenaza para las libertades fundamentales en España que no se conjura con anuncios trampa o con pequeñas reformas de maquillaje. El 23J de 2023, la extrema derecha no pasó, pero se quedó muy cerca. Si el gobierno de Sánchez no se decide más pronto que tarde a gobernar en serio, al final acabarán pasando