La Gran Coalición se hace en verano

El 26 de agosto de 2011 los grupos parlamentarios del PSOE y del PP registraban en el Congreso la reforma del artículo 135 de la Constitución Española para blindar con el máximo rango jurídico posible en nuestro ordenamiento los criterios de la mal llamada "austeridad" dictados por los hombres de negro de la Troika. Después de que el conjunto del sistema financiero internacional —incluyendo al español— se hubiese jugado los ahorros planetarios en el Casino, los dos partidos dinásticos del sistema del turno del régimen del 78 se ponían de acuerdo en clave de Gran Coalición para escribir con letras de sangre en la Carta Magna que la prioridad absoluta del gasto público no es el mantenimiento de la sanidad, la educación o los servicios sociales, sino el pago de la deuda a la banca alemana. Antes el Deutsche Bank que la atención primaria. La reforma constitucional se tramitó en lectura única y por trámite de urgencia, aprobándose por 316 escaños a favor en el Congreso el día 3 de septiembre de 2011 y de forma definitiva en el Senado el día 8 de septiembre. En tan solo 13 días, la coalición PSOE-PP (Zapatero-Rajoy) confirmaba su traición a la voluntad popular expresada en las plazas el 15M de ese mismo año y daba origen con ese acto a la crisis de régimen que todavía hoy sigue abierta. Obviamente, si hubiesen sometido aquella decisión a un referéndum, como permite la previsión constitucional, la Gran Coalición lo habría perdido.

Tres años después de aquel verano, la crisis política del bipartidismo ya se había hecho patente con la irrupción de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014. Esta amenaza democrática al sistema del turno combinada con la decadencia del reinado de Juan Carlos I después del escándalo de Botswana llevaron a las fuerzas vivas del régimen a la conclusión de que había que forzar rápidamente la abdicación del monarca corrupto en Felipe VI como única forma de salvar la monarquía. Esta vez no hacía falta reformar la Constitución, pero sí aprobar una Ley Orgánica para articular jurídicamente el proceso, tal y como indica el artículo 57 de la Carta Magna. Para ello, el PP y el PSOE volvieron a construir un acuerdo de Gran Coalición que incluía dejar voluntariamente para después la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión de la Corona. Los partidos dinásticos del turno sabían que resultaba ya insostenible para la sociedad española mantener ese criterio machista en nuestro sistema constitucional pero quisieron evitar a toda costa que la infanta Elena —la hija mayor de los reyes— fuera la Reina de España. Con una sucesión igualitaria, eso es lo que tendría que haber ocurrido y hoy Foilán sería el príncipe de Asturias y heredero al trono español. Como ya hicieran con la reforma del artículo 135, el PP y el PSOE decidieron llevar a cabo su operativa cuando la gente ya estaba empezando sus vacaciones. El 2 de junio de 2014 —apenas ocho días después de las elecciones europeas que patearon el tablero político—, Mariano Rajoy anunciaba públicamente la voluntad de Juan Carlos I de abdicar en su hijo Felipe VI. Al día siguiente, un Consejo de Ministros extraordinario aprobaba el correspondiente Proyecto de Ley Orgánica y lo remitía inmediatamente al Congreso. Una vez en el legislativo, el bipartidismo usó una vez más su rodillo para aprobar la tramitación urgente y en lectura única. El 11 de junio de 2014, la cámara baja aprobaba por 299 votos a favor la continuidad de la monarquía y, a los pocos días, el Senado efectuaba la aprobación definitiva. De nuevo, si hubieran decidido someter la forma de Estado a un referéndum, la Gran Coalición entre Rajoy y Rubalcaba habría perdido la votación y el pueblo español habría ganado una República.

Si hubieran decidido someter la forma de Estado a un referéndum, la Gran Coalición entre Rajoy y Rubalcaba habría perdido la votación y el pueblo español habría ganado una República

Dicen que fue Mark Twain el que dijo que "la historia no se repite, pero rima". Ciertamente, lo ocurrido ayer, un 11 de julio otra vez veraniego, en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, se parece mucho a lo que pasó en 2011 y en 2014. Desde que Podemos rompiera el bipartidismo parlamentario en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, la fuerza de la formación morada impidió que PP y PSOE se pudieran permitir políticamente alcanzar acuerdos de Gran Coalición. Sin embargo y una vez que Podemos ha sido brutalmente debilitado —primero— por la operativa golpista de las cloacas policiales, judiciales, políticas y mediáticas a lo largo de una década y —finalmente— sustituido en la gobernabilidad del país por una versión más débil y más sumisa a la voluntad del PSOE, el tiempo de los acuerdos de Gran Coalición ha vuelto. Como ya hicieran con el artículo 135 y con la monarquía, este verano el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial al mismo tiempo que lo reforman por la derecha para garantizar la impunidad de la corrupción judicial mediante el cierre corporativo. Después de contemplar con toda crudeza la operativa política y proto-golpista de magistrados como Marchena, Llarena, García Castellón, Escalonilla, Aguirre o Peinado —que ya se atreven incluso a ir contra la familia del presidente— y el mismo día en el que se confirmaba el espionaje ilegal por parte de las cloacas del PP a los 69 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, es evidente que, aunque el bipartidismo consiguiera ayer tumbar con 297 escaños la enmienda a la totalidad que defendió Belarra, su acuerdo de Gran Coalición sobre el CGPJ difícilmente obtendría un apoyo popular mayoritario si se produjese un debate de país al respecto y, después, una consulta.

En pleno verano de 2024, como ya ocurrió en los periodos estivales de 2011 y 2014, el PP y el PSOE se han vuelto a poner de acuerdo para apuntalar el régimen del 78 de espaldas a la ciudadanía. Y que lo hagan cuando aprieta el calor no es ninguna casualidad. Los gabinetes de comunicación de los dos partidos del turno saben perfectamente que el consumo de noticias baja drásticamente en verano y los telediarios y los periódicos se rellenan con piezas costumbristas sobre la vida en la playa y con eventos deportivos. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de comunicación política sabe perfectamente que, si quiere llevar a cabo una infamia de forma que las probabilidades de que la fechoría sea recordada por el conjunto de la población sean lo más bajas posible, lo mejor es dar el golpe en verano y confiar que las vacaciones, la Eurocopa, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos borren de la memoria de la ciudadanía. Por mucho que el PP y el PSOE se digan barbaridades en público, todo el mundo sabe que están de acuerdo en los pilares claves del sistema: el apuntalamiento de la monarquía, el sistema de las autonomías no como punto de partida sino como punto de llegada de la articulación plurinacional de España, la pertenencia a la OTAN y la subordinación de nuestro país a los intereses de Estados Unidos, la asunción de una división del trabajo europeo en la que nos toca el turismo y a los países del norte la industria, la protección de los privilegios económicos y fiscales del 1% más pudiente de la población y que lo más conveniente es que los acuerdos bipartidistas de Gran Coalición se hagan en verano.