Lamine Yamal en la Moncloa
Este domingo, España se convertía en el primer país de Europa en ganar cuatro Eurocopas. Lo hacía además ganando todos los partidos y desplegando un juego atractivo, vertical, ofensivo y desacomplejado. Aunque es imposible llevar a cabo una gesta de esa dimensión sin contar con un equipo bien armado y generoso en jugadores solventes, dos individualidades destacaron a lo largo del torneo por su efectividad, por su calidad, por su compenetración, por su desparpajo y —por qué no decirlo— por la alegría y el entusiasmo que contagian al resto de sus compañeros y al conjunto de la afición. Estamos hablando, por supuesto, de Lamine Yamal y Nico Williams. El catalán, nacido en Esplugas de Llobregat en 2007, crecido en el barrio obrero de Rocafonda (Mataró) —uno de los más pobres de Catalunya y con un alto porcentaje de población migrante—, hijo de un marroquí y una ecuatoguineana. El navarro, nacido en Pamplona en 2002, hijo de dos inmigrantes ghaneses que llegaron a España saltando la valla de Melilla después de haber cruzado el desierto del Sáhara prácticamente sin comida ni agua y con la madre de Nico embarazada de su hermano mayor, Iñaki, en el momento del salto.
Los avatares de la política han querido que, coincidiendo con la victoria de La Roja de la mano de estos dos chavales que, juntos, no suman ni 40 años, se haya situado en el primer plano del debate público el reparto de menores migrantes no acompañados.
Las causas detrás del debate son dos.
En el plano material, el desborde absoluto de los sistemas de acogida y de protección social de los menores migrantes en las islas Canarias. Aunque la mayor parte de la inmigración entra en España a través de los aeropuertos con visado de turista (y después consigue el permiso de residencia por diversas vías), la inmigración que entra por avión es la de un nivel económico —relativamente— un poco más alto —o quizás podríamos decir no depauperado— y los menores que llegan por el aire normalmente lo hacen acompañados de sus familiares adultos. Sin embargo, en la ruta marítima de las pateras y los cayucos, precisamente por el muchísimo mayor nivel de pobreza y precariedad que tienen los que se lanzan a ella, es mucho más probable que lleguen menores no acompañados. Si a esto sumamos que Canarias tiene menos del 5% de la población del Estado y menos del 1,5% del área, además de una de las economías más débiles del país, no es de extrañar que, en estos momentos, las islas estén completamente sobrepasadas en su capacidad asistencial y necesiten la redistribución inmediata de al menos 3000 menores por el conjunto de la península. Al mismo tiempo, el sistema de reparto voluntario entre comunidades autónomas ha demostrado ser un absoluto fracaso.
En el plano político, el debate ha alcanzado un alto voltaje básicamente porque la extrema derecha española ha decidido —como sus homólogas de la mayoría de los países— hacer del odio a las personas migrantes uno de sus principales caballos de batalla. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, los partidos neofascistas no son otra cosa que los perros de presa de la oligarquía capitalista. Dicho de otra forma, cuando las élites económicas ven en peligro sus privilegios, siempre activan diversos mecanismos para propulsar a los proyectos políticos más autoritarios y más violentos a su servicio. Por ello, la estrategia de dividir a las clases subalternas por medio del odio xenófobo está siempre en la primera página del manual de los nazifascistas. Utilizando los cañones mediáticos bajo control capitalista no les resulta difícil dirigir la frustración de la clase trabajadora autóctona hacia diferentes enemigos internos situados en el mismo plano horizontal. Si la culpa de que a ti te vaya mal es de tu vecino nigeriano, de tu prima feminista o de tu compañero de trabajo de izquierdas, entonces los oligarcas que extraen riqueza de forma obscena de los patrimonios de las clases populares y explotan su fuerza de trabajo no son culpables de nada.
Esto es lo que explica que, aunque sea enormemente sencillo en el plano material redistribuir 3000 menores por el territorio peninsular —tengamos en cuenta que España recibe decenas de millones de turistas al año y que acogimos a casi 200.000 ucranianos en tiempo récord y sin ningún problema—, exista una obstrucción brutal en el plano político. La extrema derecha ha decidido verter odio contra niños y niñas indefensos y el PP —siempre asustado por los discursos a su derecha— ha decidido desplegar el mismo odio con un poco menos de cafeína. Por eso se resisten al reparto y por eso han pedido al gobierno que declare la emergencia migratoria o que garantice el 100% de la financiación para la acogida de menores no acompañados (algo que, al parecer, no hacía falta cuando tuvimos que acoger a 200.000 seres humanos rubios y de ojos azules provenientes de Europa del Este).
La extrema derecha ha decidido verter odio contra niños y niñas indefensos y el PP —siempre asustado por los discursos a su derecha— ha decidido desplegar el mismo odio con un poco menos de cafeína
Ante esta situación, los grupos del PSOE, de Sumar y de Coalición Canaria han decidido registrar en el Congreso una proposición de ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto cuando haya comunidades autónomas por encima del 150% de su capacidad de acogida.
Esto es correcto y es necesario, pero, al mismo tiempo, hay que decir alto y claro que la situación de precariedad material, indefensión civil y violencia institucional que sufren las personas migrantes en España va mucho más allá de la existencia de un deficiente sistema de reparto de menores no acompañados. Si el gobierno de verdad quisiera garantizar los derechos humanos, económicos y democráticos de los cientos de miles de vecinos y vecinas que viven y trabajan con nosotros llegados de fuera, si el gobierno además quisiera poner pie en pared al discurso de odio de la extrema derecha y dar un ejemplo de decencia, de valentía y de ilustración, no se puede quedar únicamente en algo tan concreto y tan específico como la reforma del artículo 35.
Es imperativo que el PSOE acepte de una vez regularizar al alrededor de medio millón de personas en situación administrativa irregular que viven en España, como ya hicieron los gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que prohibir las devoluciones en caliente que el PSOE por mano del ministro Marlaska lleva realizando durante varios años en violación flagrante de los derechos humanos. Hay que investigar a fondo el asesinato de decenas de personas en la matanza de la valla de Melilla. Hay que prohibir las detenciones y los registros policiales por sesgo racial y hay que sancionar gravemente las actitudes racistas de algunos agentes de las fuerzas de seguridad. Hay que poner todos los recursos humanos y materiales para que los trámites que tienen que ver con la extranjería no supongan un calvario lleno de violencia administrativa contra las personas que los tienen que sufrir. Y, en cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería, lo que habría que hacer no es únicamente modificar un artículo sino prácticamente llevar a cabo una derogación total que arranque de raíz el racismo institucional de nuestro ordenamiento jurídico.
España es un país decente y estamos seguros de que hay una amplia mayoría social que apoya que tratemos con humanidad y con justicia a las personas que han venido a vivir con nosotros. En estos días, además, dos chavales de clase trabajadora, llenos de alegría y de fuerza, se lo han puesto todavía más fácil a cualquier partido político al que le puedan temblar las piernas a la hora de desplegar con contundencia esta agenda que es, por un lado, humanista y decente, y, por el otro, la mejor opción para hacer de nuestra sociedad un sistema más diverso, más resistente y más próspero. Si el gobierno y la mayoría parlamentaria salida de las últimas elecciones generales no es capaz de estar a la altura de todos los Lamine y los Nico que habitan en nuestros barrios y se limita a hacer lo poco que un partido racista como el PP esté dispuesto a aceptar, entonces la extrema derecha habrá ganado aunque no gobierne.
