Operación cambio de opinión

Cualquiera que siga la política española con un mínimo de perspicacia habrá detectado ya que el estilo político de Pedro Sánchez se caracteriza —entre otras cosas— por ser más táctico que estratégico. Por pensar no tanto en el año que viene como en la semana que viene. Seguramente basado en la confianza de que la ciudadanía —en la época de la sobreinformación— tiene pocos problemas para cambiar rápidamente de tema o incluso para olvidar, el que lleva ya 10 años siendo el líder indiscutible del PSOE ha protagonizado durante esta década no pocos y no menores giros de guion —por utilizar un eufemismo benévolo para describirlos— en los que, de repente, y normalmente para acceder al poder, decidía hacer justo aquello que apenas unas semanas atrás había afirmado que nunca iba a hacer y que, de hecho, era imposible. Quizás los casos más significativos sean el haber pasado en muy poco tiempo del “no podría dormir tranquilo si el señor Iglesias estuviera en el gobierno” a nombrar a Pablo Iglesias vicepresidente segundo del susodicho gobierno o el haber pasado —en todavía menos tiempo— del “la amnistía es inconstitucional” a aprobar la Ley de Amnistía “haciendo de la necesidad virtud”, pero desde luego no han sido los únicos. Por eso, no resulta descabellado creer que, cuando una de las fuentes del PSOE consultadas por el periodista Fernando Garea en su último artículo dice que Ferraz va a poner en marcha la “operación cambio de opinión” justo después de que ERC vote este viernes el acuerdo sobre la ‘financiación singular’ para Catalunya, más que hablar en sentido figurado, se refiere en efecto a un plan concreto que ya estaría preparado y engrasado por haber sido utilizado en ocasiones anteriores; de hecho, Garea añade a la lista las reformas del código penal, los acuerdos con Bildu o la cesión de las competencias de migración.

Sin embargo, no nos queremos hoy centrar en el enésimo caso de Pedro Sánchez haciendo aquello que decía hasta hace poco que nunca iba a hacer sino en otro aspecto que también se menciona en el artículo del director adjunto de El Español: las posibilidades reales de que lo acordado entre el PSOE y ERC pueda, de hecho, salir adelante. Porque, aunque rápidamente la derecha política y mediática —incluyendo en ella, por supuesto, a Emiliano García-Page y a Javier Lambán— haya salido a anunciar la ruptura inminente de España y aunque el presidente haya descrito el acuerdo como un hecho histórico que “avanza hacia la federalización de nuestro país”, lo cierto es que no está nada claro que aquello que los negociadores socialistas y republicanos han escrito negro sobre blanco pueda llegarse a materializar.

No solamente menciona también Garea en su artículo a fuentes del PSOE que le reconocen anónimamente que están tranquilas porque saben que lo pactado nunca se va a llevar a cabo —“no habrá nunca concierto en Catalunya”—, no solamente hay también voces públicas que ya se han expresado en esta dirección —como el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que, además de criticar duramente el acuerdo, ha dicho que “no se llevará a cabo”, o el propio Oriol Junquera, que ha manifestado en X que, en el caso de que el PSOE no fuera cumpliendo los diferentes hitos, entonces ERC le retiraría su apoyo a Salvador Illa—, sino que hay que tener en cuenta, también y muy especialmente, la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

A diferencia de la legislatura anterior, en la cual el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contaba con una amplia base parlamentaria que le permitió sacar adelante más de 200 leyes, el resultado del 23 J —a pesar de las celebraciones triunfalistas esa misma noche electoral— ha dejado un hemiciclo mucho más ajustado para el Gobierno, en el que incluso se ha perdido la mayoría progresista y se hace obligatorio contar con el apoyo de partidos de derechas, como el PNV o Junts para poder aprobar reformas legislativas. Como se ha demostrado con los dos recientes fracasos del techo de gasto y de la reforma de la Ley de Extranjería, no hay ninguna garantía de que las promesas que hace el PSOE se puedan llevar al BOE en esta legislatura y la razón es simplemente matemática. En pocas palabras, la suma de escaños de PP, VOX y UPN es de 171, cuando la mitad del hemiciclo está en 175 y la mayoría absoluta en 176. Del otro lado, hace falta el voto concertado del PSOE, de todos los diputados de Sumar, de Podemos, de ERC, de Bildu, del BNG, de Junts, del PNV y de Coalición Canaria para alcanzar los 179, resultando cualquier voto discrepante potencialmente fatal.

No hay ninguna garantía de que las promesas que hace el PSOE se puedan llevar al BOE en esta legislatura y la razón es simplemente matemática

En el caso que nos ocupa y como figura explícitamente en el acuerdo hecho público por el PSOE y ERC, para materializar el nuevo sistema de financiación para Catalunya, haría falta nada menos que la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (la LOFCA). Para ello y por el hecho de ser orgánica, no basta ni siquiera con una mayoría simple del Congreso (más votos a favor que votos en contra, sin tener en cuenta las abstenciones) sino que hace falta una mayoría absoluta de al menos 176 escaños de votos a favor. Sin embargo, ya existen declaraciones públicas de Coalición Canaria rechazando la reforma, también del BNG (diciendo que han pactado con el PSOE que Galicia no puede tener una financiación peor que la de Catalunya), e incluso de dos de los partidos regionalistas que forman parte de Sumar: tanto Compromís como la Chunta se han opuesto duramente a lo acordado y han dicho que no lo van a apoyar a menos que lo mismo que se apruebe para Catalunya se apruebe también para la Comunidad Valenciana y para Aragón respectivamente. Sin hacer consideraciones políticas más allá de la aritmética y atendiendo únicamente a lo que han dicho públicamente los diferentes partidos, el minuto y resultado del apoyo actual a una reforma de la LOFCA que recoja lo acordado por el PSOE y ERC estaría en 174 escaños, a dos votos de lo que se requiere constitucionalmente para que pueda salir adelante. Y eso sin entrar ni siquiera a considerar qué motivos podría tener Junts para aportar sus 7 escaños a un acuerdo que los deja fuera del Govern.

Cabe recordar, asimismo, que, una vez investido un President, la única manera de desalojarlo del Palau de la Generalitat es mediante una moción de censura constructiva —es decir, que conlleve la propuesta de un candidato alternativo— y que no hay una mayoría independentista en el Parlament después de las últimas elecciones catalanas.

Más allá de los posicionamientos políticos de cada uno, conviene recordar que todo lo anteriormente expuesto no son más que hechos objetivos y que cualquier análisis que no los tenga en cuenta podría llegar fácilmente a conclusiones falsas.