El poder judicial en México y en España

A lo largo de todas estas semanas que rodean al pacto de Gran Goalición entre el PP y el PSOE para no solamente repartirse —la mitad para cada uno— el nuevo Consejo General del Poder Judicial sino, también, para tramitar en las cámaras una reforma exprés de su funcionamiento en la que se asumen una serie de postulados de la derecha pero ninguno progresista, dos elementos principales sobrevuelan todo el debate; uno coyuntural y uno de fondo.

El elemento coyuntural, defendido en bloque tanto por la derecha mediática como por la progresía, viene a decir básicamente que Pedro Sánchez no tenía otra opción. Que la única posibilidad que tenía disponible era llegar a un acuerdo con el PP. Está afirmación —cuya falsedad resulta evidente sin más que recordar que, en la legislatura anterior, el propio PSOE firmó con Podemos una ley para rebajar las mayorías de renovación del órgano, aunque luego retiró la firma— no es otra cosa que el argumento conservador clásico: no hay alternativa, no se puede hacer otra cosa, es lo que hay.

El elemento de fondo, sin embargo, es mucho más complejo que la anterior falsedad y tiene que ver con hasta qué punto se considera que el principio democrático debe estar por encima del conjunto de los poderes institucionales. El planteamiento de las derechas en este sentido es claro: la derecha piensa que es indispensable que existan poderes independizados de la soberanía popular. Por supuesto, eso es justo lo que es la monarquía. Eso es lo que también desean para un poder mediático mayoritariamente bajo control de las oligarquías económicas. Y eso es también lo que pretenden para el Poder Judicial. Completamente conscientes de que el sistema de acceso a la judicatura presenta un sesgo de clase que hace al sector mayoritariamente conservador, el PP y VOX —y antes Ciudadanos— no tienen ningún reparo en plantear que "los jueces elijan a los jueces”. Dado que el CGPJ ya tiene la capacidad de nombrar a los magistrados del Supremo y a las cúpulas del resto de altos tribunales, incluyendo las audiencias y los tribunales superiores de las comunidades autónomas, lo que quiere decir la derecha con este eslogan es que el propio CGPJ también debe ser elegido únicamente por los miembros de la carrera judicial para así consumar la independencia absoluta de este poder respecto del pueblo español. Ellos no tienen ninguna duda. Para ellos, uno de los tres poderes del Estado —con una capacidad enorme de influir en la vida política, como hemos visto en los últimos años— debe estar completamente desconectado del principio democrático y debe constituirse a sí mismo mediante un método endogámico de elección corporativa; como si el presidente del Gobierno en vez de ser elegido por el Congreso —votado, a su vez, por el conjunto de la ciudadanía— lo fuera por la votación censitaria de los funcionarios de la Administración General del Estado. Aunque se supone que el PSOE formalmente no piensa lo mismo, en su trayectoria continua de asumir derrotas ideológicas ante la derecha cada vez va comprando más y más elementos de esta posición reaccionaria. De hecho, uno de los puntos en el acuerdo de Gran Coalición para el Poder Judicial consiste en encomendar al propio CGPJ que haga una propuesta de reforma para su sistema de renovación; algo que no solamente supone una usurpación del poder legislativo sino que además es evidente qué tipo de propuesta va a producir como resultado.

Aunque se supone que el PSOE formalmente no piensa lo mismo, en su trayectoria continua de asumir derrotas ideológicas ante la derecha cada vez va comprando más y más elementos de esta posición reaccionaria

Mientras tanto, en México, ambos argumentos —el coyuntural y el de fondo— son impugnados de forma absoluta.

Primero con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y, ahora, tras la victoria —todavía más amplia términos de apoyo popular— de Claudia Sheinbaum, el movimiento político Morena no solamente está afirmando que se puede llevar a cabo una reforma profunda del sistema judicial mexicano en clave democrática; es que, de hecho, lo va a hacer. Sin falsos argumentos de imposibilidad, sin complejos y sin pedir permiso a la derecha.

En segundo lugar, el argumento de fondo también va a volar por los aires en la democracia de habla hispana más grande del mundo. Entre otros elementos, como la supresión de los obscenos privilegios económicos que en estos momentos disfrutan los miembros de la alta magistratura mexicana, la reforma que va a sacar adelante Morena plantea la elección directa por parte de la ciudadanía en las urnas más de 1600 cargos judiciales, incluyendo toda la cúpula del sistema judicial del país. El principio democrático por encima de todo.

Obviamente, esta reforma está contando ya con la oposición brutal de la derecha mediática mexicana y también de su vecino Estados Unidos. El gigante norteamericano sabe perfectamente que, hasta ahora, los jueces mexicanos, controlados en su mayoría y durante siete décadas por un partido cipayo como es el PRI, siempre iban a trabajar para sus intereses económicos. De hecho, ya se ocupó bien el poder judicial mexicano de tumbar la reforma energética de López Obrador con la que pretendía recuperar la soberanía sobre los recursos básicos del país en detrimento de las grandes multinacionales estadounidenses y europeas.

Claro que lo mismo ocurriría en España si el PSOE se atreviese a hacer una reforma en el sentido democrático en vez de la reforma en el sentido reaccionario que ha pactado con el PP. En este punto, no hay diferencia entre México y España. La diferencia estriba en que allí se atreven a plantar cara y aquí no.