Telediarios llenos de jueces
Que, todas las semanas, aparezcan diferentes jueces en los medios dictando decisiones y sentencias manifiestamente injustas, difamatorias e incluso delirantes es ácido sulfúrico para la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial
Solamente en los dos primeros días de esta semana, varias noticias judiciales de primera magnitud han alcanzado la escaleta de los telediarios de ámbito nacional y las portadas de los periódicos:
El lunes, la Audiencia Nacional dictaminaba que el juez García Castellón había prorrogado de forma ilegal la instrucción del caso 'Tsunami Democràtic' y anulaba todas las actuaciones llevadas a cabo desde mediados de 2021. La sala, además, ofrecía a García Castellón la opción de mantener imputados en su juzgado a Marta Rovira y otras 10 personas en base a pruebas obtenidas antes de la prórroga ilegal o a archivar el procedimiento. El juez optaba por esta segunda opción. El martes, la magistrada Susana Polo —instructora en el Tribunal Supremo de la pieza que afecta a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg, por estar ambos aforados— se veía obligada asimismo a archivar el procedimiento contra los dos políticos independentistas. Después de tres años de generar titulares de periódico contra los políticos encausados y de poner encima de la mesa estrafalarios razonamientos como que el fallecimiento por infarto de un turista alemán en las inmediaciones de las movilizaciones del aeropuerto del Prat formaba parte de un incidente de terrorismo con resultado de sangre, el sistema judicial español nos informaba de que toda esa cacería nunca debería haber tenido lugar de acuerdo al derecho. Muchos han salido a decir que esta decisión demuestra que la justicia funciona en España; pero, para que eso realmente fuera así, la justicia debería tener la capacidad mágica de borrar de la memoria tres años de difamaciones y noticias falsas.
Después de conocerse que esa vía para puentear la aplicación de la Ley de Amnistía quedaba cerrada, otro de los jueces protagonistas de la actualidad política, el titular del juzgado de instrucción n°1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, corría para rechazar la aplicación de la norma de gracia al expresident Carles Puigdemont y al resto de implicados en la así llamada 'trama rusa' del procés, y dejaba la causa en manos del Supremo. El juez Aguirre —que quedó completamente retratado como un operador político al servicio de los objetivos de la derecha en unos audios publicados recientemente en exclusiva por Diario.Red— había sido acusado de prevaricación y malversación por la defensa de Puigdemont después de dictar varios autos delirantes en los que daba veracidad a la posibilidad de que Vladimir Putin enviase 10.000 soldados rusos al independentismo catalán una vez declarada la independencia. De nuevo, y aunque el Supremo opte finalmente por archivar estos delirios, la única forma de hacer justicia pasaría por disponer de una máquina del tiempo, viajar al pasado y evitar la publicación de cientos de noticias falsas y difamatorias. Que esto sea imposible por las leyes de la física es la base fundamental del funcionamiento del lawfare.
Además de García Castellón y Aguirre, este martes también quiso salir en el telediario el juez Peinado. En un episodio mediático más de su investigación prospectiva contra Begoña Gómez, el magistrado filtró a los medios de comunicación que iba a ordenar la detención de la mujer del presidente si ésta no se presentaba a la declaración de uno de los testigos —el empresario Juan Carlos Barrabés— el próximo lunes 15. A las pocas horas, el propio Peinado llevaba a cabo otra filtración a los medios en la cual recogía cable ante una orden posiblemente ilegal y decía que ya no hace falta que Gómez acuda a la declaración de Barrabés ya que el empresario ha sido dado de alta en el hospital y será capaz de acudir presencialmente al juzgado. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero el objetivo principal conseguido de nuevo: entrar en la televisión.
Un paso para adelante y un paso para atrás, pero el objetivo principal conseguido de nuevo: entrar en la televisión
En estos dos primeros días de la semana, conocíamos también otras dos noticias judiciales de alcance que, sin embargo y vaya usted a saber por qué, no llegaban a acercarse siquiera a las escaletas televisivas.
La primera la publicaba eldiario.es a primera hora del lunes. Según el digital, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, estaría investigando la posible concesión de la nacionalidad española a un ciudadano venezolano que trabajó con las cloacas del Ministerio del Interior a las órdenes del PP para fabricar el bulo sobre la cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las islas Granadinas. Aunque es difícil de imaginar, podría ocurrir que, después de más de ocho años desde que aquella difamación masiva salió a la luz, el sistema de justicia español sentencie algún tipo de reparación. En todo caso, lo que es imposible de reparar es el efecto que tuvo la propagación de dicha basura por parte de Eduardo Inda y de Antonio García Ferreras, dos periodistas corruptos que, a día de hoy, siguen al frente de sus respectivos medios.
Este martes hemos conocido también que la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con casi 55.000€ a un activista del grupo vegano Straight Edge que fue detenido por orden de la jueza Carmen Lamela acusado de terrorismo y que pasó casi un año y medio en prisión provisional a pesar de ser completamente inocente. A pesar de no haber cometido ningún delito, el activista fue sometido a un régimen de aislamiento en los peores módulos de cinco cárceles diferentes; lo cual le ocasionó graves problemas de salud mental. Aunque hoy llega una reparación parcial, no la pone la jueza Lamela de su bolsillo y ni siquiera va a sufrir ningún tipo de sanción.
Quizás uno de los síntomas más evidentes de la crisis del régimen político español fundado en el año 78 es la destrucción de la reputación de diferentes operadores supuestamente arbitrales que funcionaban como sus columnas maestras. Desde la monarquía a los medios de comunicación, pasando por los jueces, era absolutamente vital en el sostenimiento del régimen mantener la ficción de que dichos operadores no tenían un papel de parte sino que funcionaban como instituciones imparciales que engrasaban el sistema democrático. Desde que el relato hegemónico estalla por los aires el 15M de 2011, el régimen no ha tenido más remedio —para protegerse— que empezar a utilizar de forma cada vez más burda y más política a estos falsos árbitros. Eso le ha servido para retrasar la descomposición final, pero, al mismo tiempo, ha ido incinerando sucesivamente la reputación y el ropaje de imparcialidad con el que dichos operadores se habían vestido.
En el caso del Poder Judicial, ya no hay prácticamente nadie en nuestro país que pueda sostener sin reírse que funciona en base al derecho, de forma profesional, sin una tendencia ideológica mayoritaria y sin jugar permanentemente con los límites de la prevaricación. El hecho de que, todas las semanas, aparezcan diferentes jueces en los medios de comunicación dictando todo tipo de decisiones y sentencias manifiestamente injustas, difamatorias e incluso delirantes, el 90% de las veces con una orientación política hacia la derecha es ácido sulfúrico para la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Así las cosas, solamente hay dos futuros posibles: o se consigue llevar a cabo una regeneración profunda de la carrera judicial en clave democrática —es decir, todo lo contrario que el cierre corporativo que han pactado PP y PSOE— o, como diría el juez Aguirre, a nuestro sistema constitucional le quedan dos telediarios (seguramente dos telediarios repletos de noticias sobre jueces).
