Sumar apoya prohibir el acceso a redes a condenados por delito de odio mientras varias voces progresistas critican la medida
Sumar, a través de su portavoz parlamentario y secretario general del PCE, Enrique Santiago, se ha posicionado a favor de la propuesta del fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, que implicaría modificar el Código Penal para prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio "en los casos más graves" y que los usuarios estén "debidamente identificados". Esta propuesta, que también ha sido apoyada por PP y PSOE, ha sido sin embargo criticada desde diferentes voces progresistas como la del jurista Joaquín Urías o la del portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, entre otras.
Santiago ha expresado en la red social X que “apoyamos la propuesta de Fiscalía de prohibición acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio, incluso aunque no hayan cometido el delito a través de Internet. La persecución eficaz de estos delitos requiere más compromiso del Poder Judicial”. Este tuit ha generado polémica y ha generado reacciones que señalaban el peligro de la propuesta. Tanto Rubén Sánchez como Joaquín Urías alertaron al secretario general del PCE de lo que podría suponer endurecer el carácter punitivo del Código Penal, que ya contaría con herramientas suficientes para perseguir los delitos de odio.
“Cuidado, Enrique. Para perseguir amenazas, incitación a las lesiones o a los desórdenes basta con aplicar el código penal, que no se hace. El delito de odio se está usando sobre todo para perseguir la disidencia ideológica, a menudo de izquierda”, escribió Urías a raíz de la publicación de Santiago.
Rubén Sánchez, de FACUA, se refería al sesgo conservador y reaccionario de gran parte de la judicatura y ponía como ejemplo del peligro que puede suponer la modificación del Código Penal un caso por el que la fiscalía consideraba delito de odio “la incitación al odio hacia los nazis”.
El periodista Hibai Arbide expresaba un tono más duro en el que criticaba el tuit del portavoz adjunto de Sumar: “Un plan sin fisuras. Así cuando gobiernen el PP y VOX y estén utilizando esa legislación para restringir el acceso a las redes por motivos ideológicos podréis prometer que si gobernáis derogaréis esa ley”. En este sentido han ido varias personas en redes sociales, que han puesto el foco en que una deriva más punitivista en este asunto además de no ajustarse a la idea de justicia progresista, puede ser contraproducente debido al carácter reaccionario que se ha podido observar en la judicatura con condenas como las de Pablo Hasél, Valtonyc o Cassandra Vera, o la conocida Operación Araña en 2014.
Por su parte, Pablo Echenique ha señalado el hecho de que muchos de los discursos de odio que vienen de la ultraderecha tienen lugar en las redes sociales pero también en los medios de comunicación. También ha apuntado al sesgo conservador de la justicia en España, lo cual le ha llevado a advertir que “si no tenemos en cuenta que los que van a decidir en última instancia qué es un discurso de odio y qué no cojean bastante de la pierna derecha, entonces, además de hacernos trampas al solitario, podemos entregar una nueva ley mordaza digital al bloque reaccionario”.
La propuesta
El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, hizo esta propuesta en los micrófonos de la Cadena SER después de que el martes la Fiscalía confirmara que investiga mensajes "falsos" y de "odio" en redes sociales contra migrantes, a los que se acusaba del asesinato el pasado fin de semana de Mateo, un niño de 11 años en Mocejón (Toledo).
Este principio de propuesta también ha sido vista con buenos ojos por parte del PP y del PSOE. El portavoz de los de Feijóo en el Senado, Antonio Silván, ha declarado que “todas las medidas que conduzcan a paliar, minimizar y a reducir, incluso a suprimir esas situaciones, serán bien recibidas y, por supuesto, apoyadas por el Partido Popular", aunque evitó entrar en profundidad sobre las declaraciones racistas del alcalde de Badalona del PP, Xavier Albiol. Por su parte, el partido de Sánchez, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que "los delitos se deben de perseguir independientemente del lugar en el que se hayan cometido y el formato".
