Ecuador en la encrucijada: cuando el Plan Fénix no se define ¿qué nos queda?

A 215 años del Primer Grito de Independencia en Ecuador, el país se encuentra en una situación de grave desgaste político, tan solo en un período de cuatro años se han realizado dos elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta), dos consultas populares y un referéndum para reformar la Constitución en cuestiones como Seguridad Nacional, extradición, flexibilización laboral, y desmantelamiento de instituciones públicas, entre otras; un Paro Nacional (2022), en contra de recortes sociales, en especial a los subsidios a los hidrocarburos, que supuso la negociación del Gobierno de Guillermo Lasso con organizaciones Indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); así como la revelación de los casos  “Metástasis” y “Purga”, que visibilizan los nexos entre el sistema judicial-sistema político con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La llamada “Muerte Cruzada” iniciada por Guillermo Lasso, supuso que tan solo a un año y medio del inicio de su mandato se disolviera la Asamblea Nacional tras un intento fallido de juicio político y se convocaran elecciones anticipadas donde ganó el actual presidente Daniel Noboa. Sin embargo, este mandato es por un período de un año y medio, por lo que estamos a las puertas de nuevas elecciones.

Paralelamente, desde hace una década el cambio de patrones de las redes de tráfico de drogas, de armas y la trata de personas, ha provocado una creciente expansión y arraigo de organizaciones delictivas locales e internacionales en el Ecuador. Especialmente, cambios regionales como los Acuerdos de Paz en Colombia de 2016 y la internacionalización de las redes criminales, han descentralizado los puntos tradicionales de producción y distribución de estupefacientes, haciendo del país un lugar de producción, almacenamiento y distribución de drogas ilícitas. Sin embargo, frente a los factores externos, la expansión de los grupos criminales no puede entenderse sin la desinstitucionalización del Estado, la corrupción e impunidad que amenazan la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Este panorama político, junto con la disputa territorial de los grupos criminales y el control ejercido por estos grupos desde las cárceles, que ha desatado una de las más grandes crisis del sistema penitenciario de la historia del país, sume al país en un ambiente de violencia generalizada. Esto es de extrema preocupación, especialmente cuando existen niveles tan altos de corrupción y la posibilidad de grupos criminales puedan infiltrarse en organizaciones políticas y alcanzar espacios dentro de las instituciones democráticas. Asimismo, como muestra de la violencia política ejercida en el país, estas organizaciones durante agosto de 2023 llevaron a cabo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien era conocido por su denuncia de la corrupción y la filtración del narcotráfico en las instituciones. Así pues, frente al potencial de los grupos armados para influir en la vida política del país, el nuevo gobierno de Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno contra 22 grupos criminales en el país.

El Plan Fénix, la estrategia del gobierno de Daniel Noboa presentada en enero de 2024 y dirigida a abordar la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, no ha demostrado ser una solución efectiva a la situación de violencia del país. Este plan, que no se ha presentado como una política pública más que en el discurso del presidente y sus colaboradores, manifiesta el imaginario dominante entre seguridad y desarrollo que no sólo redefine las políticas públicas y de desarrollo en clave militar y antiterrorista, sino que antepone el ámbito de la seguridad al plano social para dar respuesta a las carencias estructurales del país.   

Las medidas de seguridad a la que apunta el actual Gobierno resultan inexistentes al carecer de una planificación pública que pueda ayudar a descifrar las acciones del gobierno más allá de la militarización y del creciente autoritarismo

Así pues, el plan enfatiza la mejora de sistemas de inteligencia, de equipamiento y armamento,  la creación de un centro de inteligencia nacional, la reestructuración de personal de las instituciones de seguridad y la creación de megacárceles, entre otras acciones de securitización. Para ello, se contará con la futura cooperación internacional con Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña e Israel para el desarrollo de labores de inteligencia y la implementación de mega cárceles en el territorio. Mientras tanto, el gobierno centra su poder visible a través del despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operativos mediatizados que reflejan la supuesta nueva realidad de mano dura contra el crimen.

No obstante, el plan no goza de objetivos claros ni de una planificación concreta, justificándose bajo la necesidad de mantenerse en secreto para no anticipar los pasos de la lucha contra el crimen. Eventualmente, el gobierno publica cifras a nivel nacional de los logros del Plan Fénix a través de sus operativos, tales como número de armas incautadas o personas detenidas, sin abordar la seguridad desde una dimensión local donde la violencia no solo se mantiene, sino que se profundiza ante el abandono del aparato estatal. En este sentido, la negación de la autoridad de sus contrapartes locales a través de la nula colaboración política y un déficit en la  asignación presupuestaria. Es así como más allá de "logros" a corto plazo y una gran opacidad respecto a los elementos que configuran el Plan Fénix como la política pública de seguridad del gobierno, el plan ha servido como el discurso insignia del nuevo Ecuador de Daniel Noboa.

A nivel territorial existe un gran riesgo de violencia política dirigida hacia líderes locales como alcaldes, concejales y  organizadores territoriales, así como a sus familias. La provincia del Guayas, como puerto principal del país, es el territorio donde, desde las elecciones anticipadas en 2023 hasta la actualidad, se ha registrado el mayor número de casos de violencia política (30), incluyendo asesinatos a estas figuras. En especial el cantón de Durán, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha convertido a este territorio en uno de los más peligrosos del país. Su alcalde, Luis Esteban Chonillo, fue amenazado de muerte y sufrió un atentado el año pasado, por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de protección que el Gobierno actual estuvo a punto de revocar por considerar que el peligro no era inminente. Mientras que de manera simultánea Daniel Noboa visitaba dicho territorio, demostrando un despliegue militar y de medios para una visita que no tuvo en cuenta a ninguna autoridad local, y que tampoco supuso la disminución de la violencia ya que dos semanas después se produjo una masacre en Durán. Esta situación de violencia política, se suma a la crisis política que mantiene Noboa con el Alcalde de Guayas, Aquiles Álvarez Henriques y Verónica Abad, su actual vicepresidenta. 

Ciertamente, siete meses después del decreto de conflicto armado interno, el país sigue sumido en una espiral de violencia a la que se suman numerosos reportes de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, pero que no solo está relacionado con el aumento de crímenes por narcotráfico sino también con la violencia económica, debido a la deuda de 1.300 millones de dólares del Gobierno actual con los municipios del país. Esta situación no solo ha puesto en el punto de mira  de la persecución a los líderes locales, sino que ha dejado desamparada a la sociedad en general.

Las medidas de seguridad a la que apunta el actual gobierno resultan inexistentes al carecer de una planificación pública que pueda ayudar a descifrar las acciones del gobierno más allá de la militarización y del creciente autoritarismo. En consecuencia, el discurso securitizador del gobierno, lejos de demostrar una respuesta coherente, ha generado preocupación por su enfoque en abordar los problemas estructurales del país y garantizar derechos humanos básicos, especialmente en el ámbito de la seguridad.  Así, la reducción del espacio cívico ha llevado a la persecución y criminalización de periodistas, como el caso de Alondra Santiago, y de demás líderes políticos y sociales, lo cual se ha traducido en la reducción de  la libertad de expresión en el país.

A pesar del panorama en el que nos encontramos y a las puertas de unas elecciones donde probablemente se apunte a un aumento de medidas securitizadoras es necesario apostar por articular políticas públicas integrales, participativas e inclusivas a través de las cuales se asegure la gobernabilidad y el acceso a la justicia en el país. Para ello, tanto la financiación como la implementación de  políticas sociales, sobre todo a nivel local,  permitirán combatir el arraigo de la violencia desde las comunidades.

* Fuente: Informe sobre Violencia Política en las elecciones anticipadas 2023 (FES) y actualización de datos con información de medios de comunicación (2023-2024). Elaboración propia.