Estados Unidos y los jueces mexicanos
La historia de intervención de los Estados Unidos en los diferentes países de América Latina es larga, intensa y algunas veces incluso violenta. Muchas veces se ha dicho que el hegemón norteamericano ve a los países del nuevo continente —exceptuando, por supuesto, Canadá— como una suerte de “patio trasero” para que sus grandes corporaciones multinacionales puedan extraer recursos y capital de trabajo bajo el paraguas de gobiernos títere (o por lo menos afines). Uno de los ejemplos recientes más claros quizás sea el de Javier Milei en Argentina, aprobando leyes para facilitar el expolio extractivo del litio y otras materias primas por parte de empresas estadounidenses, poniéndole la alfombra roja a Elon Musk e incluso postulándose como un socio permanente de la OTAN.
Las vías por las cuales Estados Unidos intenta meter sus tentáculos en los países de América Latina son múltiples: el soborno y la cooptación de sus altos funcionarios, la batalla cultural a través de los medios de comunicación, las acciones de inteligencia, la financiación a la oposición contra los gobiernos de izquierdas o incluso el apoyo logístico y material a los intentos de golpe de estado por la vía de las armas. Sin embargo, hoy queremos poner el foco en una vía de intervención muy poco comentada pero también muy importante.
El ejemplo viene de México. Desde hace unos meses, el movimiento político Morena, ganador de las últimas elecciones presidenciales por un amplio margen, con Claudia Sheinbaum a la cabeza y Andrés Manuel López Obrador aportando su apoyo y toda la fuerza de su legado, ha planteado la reforma del sistema judicial del país para, por un lado, suprimir los obscenos privilegios económicos que en estos momentos disfrutan los miembros de la alta magistratura mexicana, pero sobre todo para elegir de forma directa en las urnas a más de 1600 cargos judiciales, incluyendo toda la cúpula del sistema.
Morena ha planteado la reforma del sistema judicial del país para elegir de forma directa en las urnas a más de 1600 cargos judiciales, incluyendo toda la cúpula del sistema
El pasado jueves, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se expresó con la máxima de las durezas en oposición a esta reforma. “La elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia en México”, llegó a afirmar, sin especificar muy bien cómo puede ser que ampliar el número de cargos de poder que se eligen votando en las urnas pueda representar menos democracia en vez de más democracia. Pero Salazar no se quedó ahí. “Las elecciones directas podrán hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, advirtió el embajador. ¿Se imaginan ustedes un sistema judicial controlado por el narcotráfico? Obviamente, México se encaminaría directamente hacia el apocalipsis.
Sin embargo, el diplomático —por llamarlo de algún modo—, también dejó caer entre sus manifestaciones la que obviamente es la principal preocupación del gigante norteamericano. En la misma conferencia de prensa en Washington, dejó claro que la reforma que está planteando Morena puede tener un impacto negativo en “la relación comercial” entre ambos países al producir una “merma en la confianza de los inversores”. Salazar explicó que, para “los mercados” y el sector privado es fundamental “la confianza en el marco legal del país”.
Sin apenas ocultarlo, el embajador de Estados Unidos en México nos está diciendo algo que cualquiera que tenga una mínima alfabetización política sabe perfectamente pero que no es tan habitual escuchar en abierto en una rueda de prensa: que los poderes judiciales elegidos mediante métodos oligárquicos y desconectados de la voluntad popular son una pieza clave para que las grandes corporaciones multinacionales puedan llevar a cabo sus saqueos neocoloniales con la mayor impunidad. Si uno acepta la realidad de este hecho, entonces no resulta tan raro que un miembro del cuerpo diplomático de Estados Unidos se meta en algo aparentemente tan de carácter interno de un país como es el sistema de elección de los jueces.
Aunque ahora todos los focos estén situados en Venezuela, lo cierto es que un México fronterizo con los Estados Unidos, mucho más grande en términos poblacionales y económicos que el país caribeño y con una perspectiva de al menos seis años de gobierno de la izquierda por delante puede resultar una amenaza mucho mayor a los intereses económicos extractivos de los Estados Unidos que la República Bolivariana. Esto también es un hecho y, con su sincericidio ante la prensa, el embajador Salazar nos ha dejado completamente claro para quién trabaja en estos momentos el poder judicial mexicano y por qué es importante para ellos que siga siendo así.
