Denuncia contra Alberto Fernández: Cómo la derecha se hace un festín con la violencia machista
La instrumentalización y el oportunismo con el que la derecha latinoamericana está tratando la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández es flagrante. Su estrategia es muy básica. Utilizan el caso no para cargar contra el expresidente argentino, el presunto agresor, sino para impugnar las políticas de igualdad, los liderazgos feministas, la militancia social y los movimientos históricos como el “Ni una menos”. Después, los medios lo multiplican y hacen audiencia con ello, aunque sea a costa del sensacionalismo absoluto.
La estrategia es básica, pero les funciona. De repente, tenemos que tragar que los autores de los discursos más abiertamente misóginos, machistas y reaccionarios que se han oído en décadas en Argentina se arroguen el papel de defensores de la igualdad de la mujer, como es el caso del actual presidente argentino, Javier Milei, o de su vocero presidencial, Manuel Adorni.
Es curioso que ahora se tomen tan a pecho la violencia machista, dado que ellos ni siquiera la consideran como tal y suelen utilizar otros términos como “violencia doméstica” o “malos tratos”. Ya sabéis, nos referimos a eso que tanto repite la agenda antifeminista internacional de que “la violencia no tiene género” y que solo busca negar que la violencia contra las mujeres sea estructural y responda a relaciones de poder. Es decir, que sea una violencia originada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres.
Utilizan el caso no para cargar contra el expresidente argentino, el presunto agresor, sino para impugnar las políticas de igualdad, los liderazgos feministas, la militancia social y los movimientos históricos como el “Ni una menos”
Sin embargo, datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina muestran que en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio; es decir, víctimas de una muerte violenta por razones de género. En el 88% de los casos, la víctima tenía algún vínculo con su asesino. Son casi 2500 mujeres asesinadas en una década en Argentina. Y según la CEPAL, en 2022, al menos 4050 fueron mujeres víctimas de femicidio o feminicidio en América Latina y el Caribe.
Porque la violencia sí tiene género. Tiene un origen basado en la desigualdad y tiene también consecuencias que sufren millones de mujeres. Precisamente, por eso, es necesario prevenirla, detectarla, erradicarla y repararla con todos los medios posibles. Los feminismos llevan décadas reivindicando una agenda de políticas públicas para que la violencia machista no quede impune. Argentina, Chile, España… La potencia de los movimientos feministas en la última década ha sido esencial para convertir estas reivindicaciones en políticas públicas, en ministerios, pero también en recursos de proximidad para las mujeres y en una conciencia social de que este era un problema público que nos interpelaba a todas las personas.
Ha costado mucho. Mucho esfuerzo. Mucho activismo. Mucha comunicación. Mucha violencia política. Las feministas nunca son cómodas en las instituciones. Por eso, el desmantelamiento de toda la estructura institucional feminista en Argentina fue siempre un objetivo prioritario del Gobierno de Javier Milei.
En lo que va del año se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144 que durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género que, por cierto, como ocurriera en España también con grandes casos mediáticos de violencia machista, ha experimentado un repunte de llamadas en los últimos días. Sus extrabajadoras denunciaban que hay turnos con solo dos empleadas para atender las llamadas que entran desde todo el país. ¿El motivo? Hace un par de meses, el Gobierno de Milei despidió al 38% de las personas que trabajaban en esa línea, que es un recurso fundamental, la puerta de entrada a los servicios de atención psicológica, legal, sanitaria o social para las víctimas.
Sin embargo, el desmantelamiento de las políticas de género va mucho más allá de este ejemplo. A principios de junio, el Gobierno de Milei anunció el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, durante la legislatura de Alberto Fernández. En un comunicado oficial, el Ejecutivo consideró que el Ministerio había sido “creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”.
Con la medida fueron despedidos casi todos los empleados y empleadas del Ministerio; según cifras oficiales, alrededor de 800 puestos de trabajo. Despidos que, no nos olvidemos, se ubican dentro de esa estrategia de vaciamiento estatal, que en estos seis primeros meses ya suma 25.000 despidos de empleados y empleadas públicas de organismos estatales.
Más de 90% del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se destinaba a acciones para combatir la violencia de género. A través del Programa Acompañar, alrededor de 352.000 víctimas de todo el país pudieron recibir ayuda para salir de la violencia, porque romper con la violencia machista es un proceso complejo y lo es más en ciertos contextos.
Suele decirse que la violencia de género ocurre en todas las clases: del barrio de Salamanca a las favelas, de los barrios obreros a la Quinta de Olivos, pero la violencia machista no es ciega a la clase porque no todas las mujeres tienen los mismos recursos para salir de ella. Del mismo modo, la violencia machista tampoco entiende de partidos, aunque sí hay una ideología que niega esta violencia, que trabaja activamente contra la igualdad de género y que envía un mensaje muy peligroso a millones de mujeres: no nos importáis, no hay recursos para vosotras, no estáis seguras aquí, no nos importáis.
Entre enero y abril, se ejecutó un 79% de presupuesto menos en los programas de protección a las víctimas respecto al de 2023. De facto, esto deja en el desamparo absoluto a miles de víctimas, mujeres que con esa ayuda podían plantearse salir de la relación o del contexto en el que sufrían violencia o poder contar con herramientas para reconstruir una vida libre de maltrato.
La violencia machista tampoco entiende de partidos, aunque sí hay una ideología que niega esta violencia, que trabaja activamente contra la igualdad de género y que envía un mensaje muy peligroso a millones de mujeres: no nos importáis
Milei argumenta que él hace políticas para la mayoría, pero justamente estos recortes son la prueba de que está gestionando un país contra la gran mayoría social. El 41% de la población en Argentina, según el Indec, vive bajo el umbral de la pobreza; de ese porcentaje, las mujeres representan el 64% de la población con menos ingresos.
Ahora, el caso Fernández da oxígeno a Milei para justificar la destrucción de un ministerio que fue creado en diciembre del 2019, durante el mandato presidencial de Alberto Fernández, y que tuvo como primera ministra a Elizabeth Gómez Alcorta y luego a Ayelén Mazzina. Pero su objetivo va mucho más allá: es el señalamiento e incluso criminalización del trabajo feminista y de los postulados de la igualdad social.
Desde luego que Alberto Fernández ha sido una tremenda y dolorosa decepción. De los detalles y sobre todo de las consecuencias de este episodio estaremos atentas en los próximos meses, pero mientras, conviene recordar que el “hermana yo sí te creo” no termina en la puerta de casa ni de la sede del partido. Quienes articularon de verdad este movimiento, el “Ni una menos”, y lo hicieron global, saben que creer a las víctimas, acompañarlas y darles recursos en primera instancia es fundamental para acabar con el silencio, la complicidad y el negacionismo. Después llegan los recursos, la justicia con mirada de género, la reparación, que no son infalibles, pero que son fundamentales, aún con todas sus fallas.
Igualmente, quienes llevan años siguiendo, reportando o comunicando esta violencia saben que sirve de muy poco la carnaza, el morbo, la casquería fácil periodística o judicial. Poner los micrófonos al agresor para escuchar argumentos tan revictimizantes como vergonzantes no es una buena práctica profesional. El respeto a las víctimas, a sus tiempos y su testimonio es parte de esa praxis feminista: lo que vale para una, vale para todas. La justicia tiene la obligación de investigar y de tomar las medidas pertinentes con diligencia y garantizar protección y recursos, esos que tanto han costado lograr desde hace décadas.
Quizá sea el momento en el que, los que de verdad creen y quieren practicar el feminismo, hablen un poquito menos y se pongan manos a la obra para transformarlo todo, sobre todo, sus espacios y a ellos mismos. Y a las compañeras feministas argentinas, las seguiremos viendo en sus movilizaciones, organizaciones, sindicatos, libros, arte. ¡No están solas! Un abrazo.
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