¿Es legal en España inventarse que un periodista es pedófilo y amenazarlo de muerte?

El pasado domingo, tanto Alvise Pérez como su colaborador Vito Quiles difundían en sus canales de Telegram —con un agregado de más de 700.000 seguidores— una conversación falsa —burdamente fabricada; en la cual ni siquiera coincidían las horas— que pretendía representar al periodista de Canal Red, Raúl Solís, como una persona que busca relaciones sexuales con menores de edad. De hecho, el recientemente elegido eurodiputado llegaba a acusar a Solís de pedofilia para más tarde editar su propio mensaje eliminando esta parte, quizás al advertir que podría estar cometiendo un delito de calumnias (entre otros).

El bulo, que fue ampliamente difundido por el resto de redes sociales, fue inmediatamente contestado por los seguidores de ambos ultraderechistas en Telegram con amenazas de agresión física, mutilaciones e incluso amenazas de muerte contra el periodista. Entre ellas, podemos encontrar "habría que cortarle la polla con un cuchillo sin filo", "si es mi hijo está ya en su casa el forense", "habría que cortarle los huevos y hacérselos comer", "hay que lincharlo", "bidón de gasolina, mechero y a ver cómo se retuerce la maricona", "no salgas a la calle con la cara descubierta porque la vas a perder" o "ahorcado en la plaza de España".

Como ya recogimos, estos gravísimos hechos contra el periodista de Canal Red fueron recibidos con un silencio prácticamente unánime en la profesión. Como si los periodistas de los medios hegemónicos pensasen que esto nunca les va a pasar a ellos y que se trata de una violencia que, como antes ocurrió con Podemos o con Pablo Iglesias y su familia, forma parte de una especie de carta blanca que otorga el sistema a los fascistas para hostigar y amedrentar únicamente a los políticos, a los activistas, a los cargos públicos y a los comunicadores de la izquierda transformadora, fueron muy pocas voces las que se alzaron en las redes sociales —y desde luego ninguna de las asociaciones de la prensa— para condenar las amenazas a Solís.

Fueron muy pocas voces las que se alzaron en las redes sociales —y desde luego ninguna de las asociaciones de la prensa— para condenar las amenazas a Solís

Sin embargo, aunque el gremio periodístico haya decidido callar, la justicia no podrá permitirse ese lujo. En el día de ayer, Raúl Solís denunció los hechos ante la Fiscalía de la Sala de Delitos de Odio y Discriminación al entender que el burdo montaje difundido, de forma deliberada y coordinada por las personas denunciadas en una suerte de “estafa piramidal informativa”, tiene el propósito deliberado de incitar al odio, hostilidad y discriminación respecto de personas concretas por motivos puramente ideológicos, produciéndose además en este caso concreto de forma evidente el resultado directo de acoso, amenazas de muerte y de agresiones físicas graves. En la denuncia —la cual se acompaña de las certificaciones de todos los mensajes enviados por Alvise Pérez y su colaborador Vito Quiles, así como los de las graves amenazas de sus seguidores en el chat de Telegram—, se solicita al Ministerio Fiscal la práctica de numerosas diligencias de investigación, consistentes en verificar la identidad de los usuarios de las redes sociales que enviaron los mensajes falsarios, así como en los que se proferían las amenazas de muerte y agresiones físicas, y la toma de declaración de las personas investigadas.

A partir de aquí, tendrá que ser el conjunto del sistema judicial español, empezando por la Fiscalía y siguiendo por los correspondientes juzgados, el que se exprese en un sentido o en otro, contestando a la pregunta que titula este editorial. En función de lo que dictaminen y sentencien, el conjunto de la profesión periodística podrá saber a qué atenerse y los desinformadores fascistas también. Según lo que decida la justicia, sabremos si existe impunidad en España para difundir a cientos de miles de personas una acusación falsa de pedofilia contra cualquier periodista, desatando decenas de amenazas de mutilación y muerte. Sea en sentido afirmativo o negativo, la respuesta sentará jurisprudencia.